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La “operación gorgojo” y otros escándalos que han estallado en el sector de alimentación

Durante los últimos meses, en Venezuela se han venido registrando diversos eventos de saqueos a locales de comida o farmacias, ataques contra unidades de transporte de carga con productos escasos, largas colas para poder comprar hasta los productos más básicos y tradicionales de los hogares venezolanos, así como medicamentos, cauchos, baterías y otros repuestos para los vehículos.

El gobierno de Nicolás Maduro insiste en responsabilizar de estos hechos a lo que él ha llamado la “guerra económica”, pero lo cierto es que ya es de conocimiento público que empleados y cabecillas de los principales distribuidores de alimentos del Estado han caído presos por desviar productos para la reventa ilegal y por corrupción.

Recientemente, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, ofreció un adelanto de una investigación que vincula a los funcionarios de la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval) y la red de Abastos Bicentenario con hechos de corrupción. La llamó “operación gorgojo”.

Gonzlález López indicó que los funcionarios detenidos (el ex presidente de la Cval, Heber Aguilar; la ex presidenta de Abastos Bicentenario, Bárbara González y la ex directora de administración de Cval, Bárbara Figueroa González) incurrieron en delitos de peculado puesto que comercializaban a otros supermercados los alimentos que debían venderse a precios regulados.

A propósito de esta “operación gorgojo”, es necesario recordar otro episodio similar pero menos doloroso: el escándalo de la comida vencida que fue adquirida y no distribuida por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval). Popularizado como el “caso Pudreval”, a continuación resumiremos lo que pasó tras el hallazgo de más de 134.000 toneladas de toneladas de alimentos que habían superado su fecha de caducidad, que fueron importados para su distribución a través de redes estatales a bajo costo y que reposaron por más de nueve meses en contenedores y depósitos en varias ciudades del país.

  • Venezuela importa más del 75% de los alimentos que consume. Los problemas de desabastecimiento empezaron en el año 2007, atribuidos por el Gobierno al “acaparamiento y especulación de los mercados locales”. Por esta razón, el Ejecutivo decretó una Emergencia Alimentaria en octubre de ese año y para atender la urgencia se dieron varias acciones: se le asignó a Pdvsa Agrícola la cantidad de $250 millones para el desarrollo de un plan de abastecimiento, mientras que desde el Centro Nacional de Balance de Alimentos (Cenbal), adscrito a la Vicepresidencia de la República, se dieron instrucciones para que la empresa Bariven importara 1,7 millones de toneladas de alimentos, con una inversión de $2,1 millardos, según varios informes. Una parte  de esa compra (unas 700.000 toneladas métricas) iría a la creación de una reserva estratégica del Estado y otra, a Pdval, que apenas tenía tres meses de creada. Solo para tener una idea, esa cifra representa 12% de lo que Mercal vendió durante sus primeros ocho años de existencia, que son más de nueve millones de toneladas de comida desde 2003.
  • Las consecuencias de esa gran compra se vieron meses después, cuando la mercancía comenzaró a llegar a los puertos. De las 1,7 millones de toneladas, Bariven logró colocar órdenes de compra por una parte: 1,1 millones de toneladas. Para enero del año 2009, sólo el 37% de los productos importados estaban en los puertos. Ya en mayo de ese mismo año, cuatro meses después, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) encontró los primeros contenedores de alimentos en estado de descomposición en el puerto más importante, en el centro del país, Puerto Cabello. Las denuncias se multiplicaron: tanto dirigentes políticos como particulares, dijeron haber notado la situación por el mal olor de la comida en avanzado estado de descomposición. Para entonces, todavía faltaba que llegara el restante 63% de los alimentos comprados.
  • Informes de Pdval indican que una vez colocadas las órdenes de compra de alimentos con los proveedores internacionales, se presentó una serie de problemas logísticos en los puertos cuando comenzó a llegar la mercancía: infraestructura portuaria que no respondía a las necesidades de estas importaciones, falta de pago a proveedores en el exterior por atraso en la emisión de cartas de créditos (lo que atentaba contra las fechas de vencimiento de los alimentos) y el atraso en la emisión de permisos de importación. Todo esto afectó en los cronogramas de entrega y distribución.
  • Ante la lluvia de críticas, el entonces presidente Hugo Chávez pidió que los responsables de estos hechos respondieran ante la justicia, pero subrayó que la cantidad de alimentos en mal estado representaba un pequeño porcentaje de lo que el Ejecutivo acostumbraba a distribuir.
  • Tras una reunión entre altos personeros del Gobierno, en la que se expusieron los resultados de una evaluación hecha a los puertos donde ya se acumulaban los contenedores cargados de alimentos, se acordó un cronograma para sacar, en ocho semanas, estos contenedores cargados de pollo, arroz, leche líquida y en polvo, harina de trigo, carne, aceite de soya y azúcar, pues habían pasado de tres a nueves meses en descomposición. Se acordó la reexportación a Cuba y Haití de casi 70.000 toneladas de alimentos en calidad de ayuda humanitaria y el apoyo del Seniat para declarar el abandono legal de los contenedores.
  • El Cenbal asignó metas de distribución de alimentos a Pdval -en su primer año de funcionamiento- que no se correspondían con su capacidad. La distribución debía ser de 150.000 toneladas métricas mensuales, pero en un informe se admite que la meta no pudo ser realizada: las ventas fueron de 122.000 toneladas en todo 2008, cifra que resultó muy baja en relación a las compras.
  • Ante la sobreestimación de las compras y acumulación de inventarios, desde finales de 2008, Pdval pidió a Bariven anular los pedidos que aún no habían sido despachados, realizar órdenes de compra durante 2009 solo para los rubros estratégicos, vender a terceros de los rubros y hasta cárcel para los responsables, entre otras acciones.
  • En mayo de 2010 comenzó la investigación y se detuvo a los implicados: el presidente de Pdval para ese entonces, Luis Enrique Pulido, y los directores de operaciones Ronald Flores y Vilyeska Betancourt. A principios de 2012 quedaron en libertad condicional porque pasó un año sin que se iniciara el juicio. El primero trabajó en la campaña de Chávez de 2012 y los otros dos volvieron a sus cargos en Pdvsa. Cuando el proceso judicial se reanudó, la única condena fue el pago de una multa de 60 millones de bolívares por daños causados al patrimonio público. ¿Qué pasará con los detenidos tras la reciente “operación gorgojo”?.

Con información de El Mundo Economía & Negocios y El Universal

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